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Durante la administración previa, se implementaron diversas políticas que buscaron tanto facilitar vías legales para ciertos grupos migrantes como reforzar las medidas de control fronterizo. Entre los programas más destacados se encontraba el «Parole Humanitario», que permitía la entrada temporal de personas provenientes de países en crisis humanitaria. Este programa beneficiaba a ciudadanos de naciones como Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, quienes podían solicitar un permiso de ingreso por razones de emergencia humanitaria o de interés público. Para acceder a este beneficio, los solicitantes debían cumplir con ciertos requisitos, como pasar una revisión de antecedentes, presentar documentación que justificara la urgencia de su caso y contar con un patrocinador en los Estados Unidos que ofreciera respaldo económico. Además de proporcionar una vía legal para quienes enfrentaban situaciones de extrema vulnerabilidad, el programa también tenía como objetivo reducir la migración irregular y agilizar la respuesta a emergencias internacionales mediante un proceso más organizado y controlado. 

Otro programa relevante fue el «DACA» (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), el cual, aunque implementado en administraciones anteriores, fue mantenido y fortalecido. Este programa ofrecía a los jóvenes migrantes que llegaron a Estados Unidos en su infancia la posibilidad de obtener un estatus de protección temporal que les permitía estudiar y trabajar legalmente. Además de otorgarles una mayor estabilidad, el programa les brindaba la oportunidad de renovar su estatus cada dos años, siempre y cuando cumplieran con los requisitos establecidos, como no tener antecedentes penales graves y haber residido de manera continua en el país. Asimismo, se implementó el programa «Unidad Familiar», diseñado para permitir la reunificación de familias separadas en la frontera, priorizando los casos de menores no acompañados y de personas vulnerables. Este programa no solo buscaba mitigar las consecuencias humanitarias de las separaciones familiares, sino también facilitar el proceso legal de reunificación mediante procedimientos más claros y accesibles. 

Por otro lado, la administración previa buscó acelerar los procesos de solicitud de asilo mediante la creación de tribunales especializados en casos migratorios y la digitalización parcial de los trámites. Estas medidas tenían como objetivo reducir el tiempo de espera, aliviar la carga de los tribunales convencionales y ofrecer respuestas más rápidas a quienes buscaban protección internacional. No obstante, estas iniciativas no estuvieron exentas de críticas, ya que muchas organizaciones de derechos humanos señalaron que los procedimientos acelerados ponían en riesgo el derecho al debido proceso de los solicitantes de asilo. Según estas organizaciones, la rapidez en la resolución de los casos podía llevar a evaluaciones superficiales, limitando la capacidad de los solicitantes para presentar pruebas y testimonios que acreditaran su necesidad de protección. Además, se advirtió que la digitalización parcial, aunque modernizaba el sistema, generaba barreras adicionales para quienes no contaban con acceso a la tecnología o asesoría legal adecuada.